Él diputado habría incurrido en el mismo hecho que su correligionario José María Ibáñez, quien también pagaba a sus empleados con dinero del Estado.

El diputado colorado Tomás Rivas, investigado por investigado por estafa y otros delitos, en el conocido caso de los caseros de oro, analizará si se presenta ante la Fiscalía a fin de acogerse a un proceso abreviado.

Jorge Bogarín, abogado del diputado, declaró que en primer lugar la defensa analizará cada uno de los puntos de la teoría de las acusaciones.

“El proceso abreviado tiene dos dificultades: hay una admisión de los hechos que yo considero debe ser objetiva, de cara a ingresar a la salida anticipada del proceso”.

“Lo segundo es que, pese a que el artículo 421 de la ley procesal dice que la sentencia del abreviado puede ser absolutoria o condenatoria, en el 99,9% de los casos es condenatoria. Esa es una decisión que debe tomar la persona afectada al proceso”, refirió el abogado.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el desafuero del legislador para que se someta a la Justicia.

Bogarín confirma que hace dos días acordó con él para ejercer la defensa. “A otro equipo jurídico le corresponde responder por qué tomo la decisión ahora y no antes”, respondió sobre la petición de su desafuero.

“Yo consideré conveniente que enfrente el proceso”, refirió el abogado.

Él diputado habría incurrido en el mismo hecho que su correligionario José María Ibáñez, quien también pagaba a sus empleados con dinero del Estado, pero realizaban trabajos domésticos en su quinta y cobraban como funcionarios de la Cámara de Diputados.

“Todas las comparaciones son odiosas, yo me voy a concentrar en su defensa, nosotros vamos a pedir diligencias para deslindar responsabilidad y si la teoría de la acusación dice eso vamos a trabajar en la defensa”, manifestó Bogarín.

“Rivas me ha manifestado que está en condiciones de acreditar que estas personas asignadas a su calidad de diputados no estaban cumpliendo funciones de caseros”, aseguró.

El profesional del Derecho dijo que no obstruirán el desarrollo del debido proceso.

Foto: ÚH