La Cámara de Senadores aceptó el miércoles la objeción total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que permite a deudores tributarios acceder a un pasaporte. La decisión del gobierno se remite a consideración de la Cámara de Diputados.

Se trata de la iniciativa «Que deroga el inciso f del artículo 194, contemplado en el artículo 9° de la Ley N° 2421/2004 "De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal"». La propuesta del Congreso Nacional buscaba eliminar la obligatoriedad de contar con un certificado de cumplimiento tributario para la tramitación de un pasaporte.

12 legisladores votaron por rechazar el veto, uno por aceptarlo y 11 se abstuvieron. Así, no se reunieron los 23 votos necesarios para oponerse al Ejecutivo.

Al respecto, el senador Eduardo Nakayama, criticó el veto del presidente de la república Santiago Peña. Afirmó que se basa en un dictamen que no cuenta con fundamentación constitucional. Sostuvo que va limita la expedición de un documento de identidad y la libre circulación de las personas.

“¿Cómo va a poder ejercer ese derecho constitucional si por una norma de rango legal, es decir, de dos rangos menores a la Constitución Nacional, se le impide artificialmente ejercer ese derecho constitucional, manteniéndolo en una suerte de cárcel interna, donde no se le permite salir del país?”, cuestionó.

“Realmente es una vergüenza, imaginate que un paraguayo tenga la madre en España o tenga la madre o el padre o el hijo enfermo en otra parte y que por abecé motivo está hoy con algún problema aquí económico, ese no va a poder irle a ver a su mamá, no va a poder despedirle a su padre, a cuidarle a su hijo”, expresó.

Argumento del Ejecutivo

El decreto del veto argumenta que la aprobación del proyecto “resultaría problemática por varios aspectos no menores”. Cita una opinión expedida por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarias (DNIT) de fecha 8 de mayo de 2024.

En resumen, la DNIT alega que la aprobación traería inequidad tributaria; que el certificado de cumplimiento tributario es un sistema que encamina al sistema tributario a la formalización y evita la evasión fiscal; la eliminación del requisito perjudicaría la recaudación fiscal; y se privará al gobierno de “una herramienta fundamental en su tarea de control tributario para lograr la igualdad en el tributo”.