Las relatoras especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Gina Romero, Irene Khan y Mary Lawlor presentaron este miércoles al gobierno una carta con observaciones al proyecto de ley de control a las organizaciones sin fines de lucro.

Afirmaron que la propuesta legislativa hace una definición “amplia y vaga” de las organizaciones sin fines de lucro que las ata a “conceptos indefinidos como ‘bien común’, ‘utilidad pública’, ‘prestaciones de exclusiva competencia del estado’, ‘sectores de competencia del estado’.

“Por lo tanto, de ser aprobada podría abrir la puerta para que la aplicación de la ley se haga de forma discrecional”, agrega.

Mencionaron además que el proyecto crea un registro obligatorio “adicional a los ya existentes” y establece la disposición de llevar un libro de registro del financiamiento extranjero o nacional, público o privado, “que podría generar una carga demasiado pesada para organizaciones de base, y podría ser perjudicial para asociaciones esporádicas o informales”.

También señalaron la obligación de llevar un registro detallado del uso y destino de los fondos con sus correspondientes facturas y otros documentos respaldatorios. Alegaron que “generar una carga desproporcionada, en especial para organizaciones pequeñas y de base (…). Este exceso de requerimientos de registros podría desincentivar la creación de nuevas asociaciones”.

Respecto a las sanciones que estable el proyecto, expresaron que “no solo parece desproporcionado” y “lejano de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos”, sino que también podría ir en contra del Código Civil.

“Estas relatorías son tres personas que son expertas en los derechos, que están trabajando. Son personas independientes que no representan a un gobierno y que son designadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para trabajar y monitorear el cumplimiento de los derechos en todo el mundo”, dijo Dante Leguizamón, secretario de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.

“Que hoy estén mirando con la preocupación que tiene la carta y con la preocupación sobre los puntos centrales y con la recomendación de rever, a nosotros nos parece muy importante. Deja muy mal parado al Paraguay, que se presenta como cumplidor en el tema de derechos humanos”.

La Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se comprometió en abordar la iniciativa con un debate amplio.