La abogada Liliana Zayas, exviceministra de la Mujer, criticó este lunes la respuesta de las instituciones públicas a denuncias de violencias realizada por mujeres. En el último caso de feminicidio y filicidio ocurrido en Itá, departamento Central, cuestionó que los jueces pongan plazos a las medidas de protección de víctimas.

“El mismo ciclo de violencia que padece la mujer dentro de sus hogar, lo padece a nivel institucional. Y no se corta. Lastimosamente no puede decir ‘hagamos esto y se termina’. No se hace lo que ya se comprometió hacer, entonces esto no va a terminar”.

Afirmó que la Ley 5777 no establece plazos de duración para las medidas. Señaló que se trata de una práctica común de los jueces de paz, que aprovechan los hombres violentos para acercarse a sus víctimas.

Manifestó que la víctima de feminicidio en Itá, Wilma Vera Duarte, hizo lo que tenía que hacer: denunciar a su expareja y obtener una orden de alejamiento. Esta medida feneció el 12 de marzo.

“Hasta hoy es increíble por qué los juzgados de paz establecieron un plazo de 90 días de duración, como una práctica, pero no es formal en una ley (…).En la práctica ocurre que estos hombres, asesorados a veces por abogados que les dicen ‘esperá los 90 días y después ya podés volver’”, dijo Zayas.

El caso

El caso de feminicidio y filicidio ocurrió en la noche del sábado en la compañía Caaguazú-I, Fracción altura de Itá.

Resultaron víctimas Wilma Vera Duarte, de 41 años y su hija Debora Eliana Barrios Vera, de 14 años.

La Policía Nacional detuvo al presunto autor, Celestino Barrios Espínola, de 57 años, expareja de Wilma Vera. El hombre contaba con una orden de alejamiento.