La cruzada contra el robo de combustible en México ha provocado el desabasto en cientos de gasolineras, colas kilométricas de vehículos y compras de pánico de los automovilistas.

La cruzada contra el robo de combustible en México ha provocado el desabasto en cientos de gasolineras, colas kilométricas de vehículos y compras de pánico de los automovilistas.

El caos ha sido causado, en parte, por el plan anunciado a finales de diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir este fenómeno, conocido como huachicoleo.

Este delito federal se disparó durante el mandato de Enrique Peña Nieto y ha llegado a costar a México más de 60.000 millones de pesos anuales, unos 3.000 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos del nuevo Gobierno.

El cierre de varias tuberías para taponar toma clandestina y la puesta en marcha de un sistema de distribución insuficiente a través de camiones cisterna han secado siete Estados del centro y afectado a Ciudad de México, la capital del país.

La situación de desabasto, que en algunos Estados suma ya más de una semana de duración, se ha agravado en los últimos días. En Michoacán, al suroeste del país, la práctica totalidad de las más de 300 gasolineras lleva una semana sin gasolina. En el área metropolitana de Guadalajara, la segunda ciudad más poblada de México, el suministro alcanzaba apenas el 40% de los requerimientos diarios, según anunció el lunes el Gobierno estatal. Las largas colas y la desesperación de algunos ciudadanos por procurarse de combustible han impulsado, según las autoridades estatales, la venta clandestina y un incremento especulativo en los precios. La alarma ha llegado este martes a Ciudad de México, donde decenas de estaciones de servicio han empezado a sufrir la falta de suministro, debido al incremento repentino de la demanda.

El cierre de los ductos para reparar los daños causados por las tomas clandestinas ha obligado al Gobierno a recurrir a cientos de camiones cisterna para trasladar el suministro desde las refinerías. Sin embargo, el transporte terrestre no ha logrado cubrir la demanda.

En Guadalajara, Pemex, la empresa estatal de petróleo, operaba el lunes 75 autotanques de 60.000 litros cada uno. De acuerdo con las autoridades locales se requerían al menos 75 más. “Fue una irresponsabilidad haber ordenado el cierre del ducto sin haber tenido todos los autotanques que se requerían para abastecer el Área Metropolitana de Guadalajara”, dijo el lunes Alejandro Guzmán, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco.

Esta estrategia no es sostenible, según los expertos, dada la cantidad de personal que se necesita para transportar y vigilar el suministro de combustible a través de tanques cisterna. Fluvio Ruiz, exconsejero independiente de Pemex durante los dos gobiernos anteriores, apunta a la falta de planeación. “La sustitución por pipas es una solución mucho menos eficiente y 15 veces más cara”, asegura.

Además del cierre de tuberías, el Gobierno también ha desplegado a 4.000 miembros del Ejército y la Marina para reforzar el control de 73 instalaciones de Pemex, entre ellas seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y 12 estaciones de bombeo.

El operativo ha impuesto controles de revisión de mochilas y móviles de los trabajadores en los puntos de acceso a plantas y refinerías. Fluvio Ruiz se muestra escéptico sobre este uso de los militares, una de las novedades del plan. “Creo que es excesivo; hay otras maneras menos agresivas. ¿Qué esperan encontrar? ¿Un taladro?”, sostiene.

Alejandro Hope, un experto en seguridad, coincide: “Se ha dado un manotazo sin cuidar las repercusiones”, asegura. Según Hope, hay múltiples alternativas para luchar contra el huachicoleo, desde cerrar los ductos de manera más gradual a combatir las redes de comercialización del producto robado. “Puede tomar más tiempo, pero habría sido menos disruptivo”, señala Hope.

Para demostrar que la estrategia está dando resultados, López Obrador ha informado este martes de que se había descubierto una instalación clandestina a las afueras de la refinería Antonio M. Amor, en el Estado de Guanajuato, al centro del país, donde una manguera de tres kilómetros conectaba la planta con un depósito ilegal.

Pese a la emergencia, todavía no hay fecha para la reapertura de las tuberías y la normalización del suministro. El presidente ha asegurado que esto se hará “con cuidado”, al tiempo que ha rechazado el término “desabasto” para describir esta situación. “No es un problema de abasto nacional, es una situación especial de distribución que estamos normando para evitar el robo”, ha declarado este martes en rueda de prensa. Pemex circuló el lunes un comunicado en el que negó que hubiese escasez de combustible y pedía “comprensión” a los ciudadanos.

El plan, puesto en marcha pocas semanas después de la toma de posesión de López Obrador, muestra el lugar prioritario que ocupa este tema dentro de la agenda gubernamental. El fenómeno del huachicoleo se ha disparado en el último sexenio. Hasta octubre de 2018, Pemex había reportado un total de 12.581 tomas clandestinas, frente a las 3.278 que informó en 2013, al inicio del mandato del expresidente Enrique Peña Nieto.

El objetivo de la nueva estrategia es desmantelar todo un sistema de corrupción que, según el Gobierno, ha hecho posible el robo de combustible a gran escala. El exjefe de seguridad de Pemex durante el mandato priista de Peña Nieto, el general Eduardo León, es uno de los investigados en esta trama, que aún no ha dado detenciones. “Todavía no es para cantar victoria”, ha afirmado este martes López Obrador. “Pero nos vamos por partes, vamos a ir poco a poco”.

Con información de El País