Imputan a Cristina y a sus dos hijos por lavado de dinero

15 mayo, 2018

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El objetivo fue que parte de la fortuna que acumuló Lázaro Báez al recibir millonarios contratos de obras públicas terminara en el bolsillo de Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia. Así concluyó el juez federal Julián Ercolini, que procesó a la expresidenta, a sus hijos, al contador Víctor Manzanares y al empresario Lázaro Báez, entre otros, por lavado de dinero.

Los acusados conformaron una estructura financiera que permitió que el dinero obtenido ilegalmente por Báez fuera conducido a la actividad hotelera de los Kirchner con objeto de que ellos pudieran disponer libremente de esos fondos, que ya estaban "blanqueados" y en apariencia distanciados de su origen ilícito.

Así el juez tuvo por comprobado que Valle Mitre -gerenciadora del Hotel Alto calafate- recibió directa o indirectamente de la obra pública $73.053.584,80 y que finalmente llegó a manos de Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, por el alquiler del Hotel Alto Calafate, $26.514. 978. Y por la hostería Las Dunas recibieron al menos $6.909.708.

Ercolini, en más de 439 páginas, dispuso además el embargo de los bienes de los principales acusados y les mandó a hacer un informe socioambiental, como a cualquier reo, y que les tomen sus huellas digitales. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques habían pedido la indagatoria de los acusados, que se concretó a fin del año pasado.

Ahora, el juez dispuso sus procesamientos, los que serán apelados. En caso de ser confirmados, la causa estará en condiciones de ser elevada a juicio oral y público.

Este expediente se vincula con aquel en que Cristina Kirchner y Lázaro Báez están procesados por asociación ilícita, porque el patagónico recibió 15.000 millones de pesos en obras públicas que se realizaron en la provincia de Santa Cruz durante el kirchnerismo.

En su resolución, el juez advirtió la desproporcionalidad entre el beneficio que obtuvo Báez y la plata lavada que terminó en el patrimonio de los Kirchner, pero dijo que hay que tener en cuenta que esta era solo una modalidad y que pudieron haber existido otras formas de retorno.

En esta causa Hotesur se investiga una maniobra de lavado de dinero. El dinero llegó a los Kirchner a través de la simulación de alquileres de habitaciones del Hotel Alto Calafate, administrado por la firma Hotesur, de la familia presidencial, cuya concesión había sido otorgada a la firma Villa Mitre, de Lázaro Báez.

Los procesados "habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado nacional cometida a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz", sostuvo Ercolini.

Los acusados "realizaron diversas operaciones comerciales -con las que pretendieron otorgarles a las ganancias antes mencionadas apariencia de legítimas- mediante las cuales se canalizaron los fondos en forma regular de las empresas de Báez, adjudicatarias de dichas obras y sus vinculadas, a Valle Mitre". Esta firma no tenía capacidad económica ni experiencia en el rubro, administró el Hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas -propiedad de la familia Kirchner-, y abonó mensualmente un alquiler que llegó al patrimonio de los Kirchner, "con el objetivo de ocultar la fuente real de los fondos y a otorgarles apariencia de lícitos", sostuvo el juez.

La causa en la que se investigó una maniobra supuestamente realizada entre 2007 y 2015 se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer, mientras que la expresidenta había sido indagada por estos hechos en noviembre del año pasado.

Con información de La Nación Argentina.