Pese a la amplitud del escándalo, ninguna de las más de 2.000 denuncias ha llegado a buen puerto.

El primer juicio por un caso de bebés robados en España se abrió este martes, décadas después de conocerse que numerosos recién nacidos fueron sustraídos a sus madres para ser entregados a familias adoptivas bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

Eduardo Vela, un antiguo obstetra de la madrileña clínica San Ramón, de 85 años de edad, está acusado por Inés Madrigal, empleada de ferrocarriles de 49 años, de haberla separado de su madre biológica y falsificar su acta de nacimiento, en junio de 1969.

Este doctor, denunciado desde hace años por la prensa, será el primer presunto responsable de robo de bebés en sentarse en el banquillo de los acusados, gracias al testimonio de la madre adoptiva de Inés Madrigal, Inés Pérez, ya fallecida.

El juicio inició y Eduardo Vela, por el que la fiscalía pide 11 años de prisión, comenzó a responder a las preguntas del tribunal que juzga el caso en Madrid.

El problema de la impunidad

Después de años intentando en vano tener un hijo, Inés Pérez contó que Vela le "regaló" un bebé. El doctor le pidió simular un embarazo y luego la declaró como madre biológica de la recién nacida.

Ante la justicia, Vela reconoció en 2013 haber firmado el expediente médico, que indicaba que asistió al parto, argumentando que "firmaba cosas sin leerlas".

Casos como este podrían contarse por decenas de miles, según organizaciones que desde 2010 buscan sacar a la luz este tráfico que comenzó bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), frecuentemente con la complicidad de la Iglesia católica.

Los hijos les eran arrebatados a los padres tras el nacimiento y declarados muertos, sin que se aportaran pruebas de ello, y adoptados por parejas estériles, de preferencia cercanas al régimen "nacional católico".

Tras la Guerra Civil (1936-1939), el objetivo era castigar a los adversarios acusados de transmitir "el gen rojo" del marxismo, afirma Soledad Luque, presidenta de la asociación "Todos los niños robados son también mis niños".

El fenómeno afectó luego a niños nacidos fuera del matrimonio, o en familias pobres o bien muy numerosas. Dicho tráfico perduró en democracia, por razones económicas, agrega Luque.

Pese a la amplitud del escándalo, denunciado por primera vez en la prensa en 1982, ninguna de las más de 2.000 denuncias de hechos similares ha llegado a buen puerto.

Esperanza y resignación

El hecho de ser un caso pionero empuja a Inés Madrigal a perseverar, con la esperanza de que la decisión marque jurisprudencia y sea útil "a muchas más personas que vienen detrás", señala ella. Pero luego de tantos años, las familias caen en la resignación.

Los protagonistas desparecen al correr de los años, como la monja María Gómez Valbuena, considerada frecuentemente como la cabecilla del tráfico en Madrid, y muerta antes de ser juzgada.

/ AFP