Osmar Legal aclara su rol en la denuncia del caso Lalo Gomes: "es obligación denunciar hechos punibles"

El juez penal de garantías, Osmar Legal, aclaró su rol en la denuncia del caso del fallecido diputado Eulalio "Lalo" Gomes, explicando que su actuación se enmarca dentro de las obligaciones legales que tiene cualquier juez al encontrar hechos nuevos que se desprenden de su causa principal.
Legal explicó que "en realidad, el artículo 284 es el que le da facultad a la denuncia, y el artículo 286 obliga a hacer dicha denuncia cuando uno tiene el conocimiento de un hecho punible. Yo creo que eso estaba por demás claro, al conocer un hecho que tendría relevancia penal, cualquier funcionario tiene la obligación de denunciar, más aún siendo juez".
Legal también abordó la cuestión de si la información revelada es la totalidad de lo que resultó pertinente de la pericia realizada o solo una parte.
"Al realizar el análisis de la extracción, todo lo que puede guardar relevancia para el agente fiscal o para la defensa, tanto de cargo como de descargo, o tenga relación con el hecho investigado, va a ser entregado in totum a las partes. Lo que ahora se comunica al Ministerio Público para apertura de causa no guarda relación con eso, que es lo que sí guarda relación con la causa que está a mi cargo", explicó.
Añadió que "evidentemente esto tomó estado público, pero en realidad lo otro tampoco luego puede tomar estado público, porque el propio Código Procesal Penal en el artículo 322 obliga a las partes a que nada de lo que está dentro de la carpeta fiscal o del expediente sean publicitados por una cuestión justamente de la protección de la presunción de inocencia".
El contexto de estas declaraciones se enmarca en la revelación de datos extraídos del celular del fallecido diputado Eulalio "Lalo" Gomes, que ha destapado un presunto esquema de corrupción que involucra a altos funcionarios de la justicia paraguaya. Según el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado, los datos obtenidos del dispositivo de Gomes sugieren la comisión de hechos punibles como coima, tráfico de influencias y lavado de dinero.
El informe, que consta de casi 40 páginas, fue presentado ante la Fiscalía General del Estado y detalla conversaciones, fotografías y audios que implican a miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, parlamentarios, jueces, fiscales e incluso comunicadores. Entre los involucrados se encuentran el diputado Orlando Arévalo, las fiscalas Katia Uemura y Stella Mary Cano, y la jueza Sadi Estela López.
Legal ratificó que su actuación se ajusta a las disposiciones legales y que su obligación es denunciar cualquier hecho punible del que tenga conocimiento.