El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) anunció que enviará un equipo de la dirección de Protección de Derechos del Niño a la institución educativa donde un niño de 12 años fue agredido brutalmente por otro estudiante, dejándolo en coma inducido con un catéter en la cabeza. El objetivo es recabar informe de lo sucedido y el trabajo que se hizo desde el colegio, que según la madre de la víctima, intentó minimizar el hecho como un accidente y demoró en avisar a los familiares.
Sonia Escauriza, directora de Protección de Derechos del Niño del MEC, expresó su preocupación por la falta de comunicación del colegio con la dirección de capital. “No llegó ninguna información a la dirección capital, estuve hablando por teléfono con ellos. Es por eso que van hasta la institución a saber todos esos detalles, todas esas denuncias que estamos teniendo”, dijo.
La directora recordó que las autoridades del colegio tienen la obligación de informar sobre cualquier hecho violento que ocurra en el ámbito escolar, siguiendo el protocolo establecido por el MEC. “Las autoridades del colegio tienen que informar aunque sea en forma telefónica y decir estamos trabajando, estamos mirando, esto ocurrió. Y posteriormente, después, dado el caso, estar enviando por escrito”, explicó.
Escauriza también señaló que el protocolo indica que el colegio debe comunicar el hecho dentro de las 72 horas, pero que ante la urgencia, se puede llamar en el acto. “El protocolo dice dentro de las 72 horas, no después de 72 horas”, afirmó.
Anunció que el equipo del MEC conversará con los directores, los docentes y el equipo de orientación del colegio para conocer la situación y las medidas que se tomaron. Además, recordó que existe una ley anti acoso escolar y violencia entre pares que es la ley 4633, que establece sanciones para los responsables de estos hechos.
El niño agredido sigue en coma inducido y se desconoce si tendrá secuelas. La familia ha gastado más de 200 millones de guaraníes en gastos médicos y teme que se borren las cámaras de seguridad del colegio, según denunció el abogado Valentín Domínguez.
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