El abogado Nelson Medina explicó que cuando ocurren muertes por electrocución, la institución intenta actuar con mucho “dinamismo” para indemnizar a las familias afectadas. En este caso particular, se actuó con normalidad luego de que dos personas mueran por un cable suelto en Caaguazú. En menos de dos meses se tramitó la indemnización.
“Ese cheque no debía ser cobrado por otra persona que no sea la beneficiaria”, afirmó el asesor jurídico de la ANDE.
Agregó que Darío Flores, abogado, y Anadelia Acosta, funcionaria del Congreso, fueron a solicitar el monto exacto (G. 800 millones) que se puede cobrar por terceras personas. Ambos se presentaron como abogados de las dos familias afectadas que debían cobrar cada una G. 400 millones.
“Esto no tuvo que haber ocurrido. La gente del banco (BNF) debe explicar este pago completamente irregular”, indicó.
