Cuestionan la publicación de deudores por la Municipalidad de Asunción

El abogado Manuel Riera expresó su opinión sobre la práctica de la Municipalidad de Asunción de publicar en redes sociales los nombres de los diez mayores deudores. El entrevistado subrayó la importancia de cumplir con la normativa vigente y obtener la autorización expresa de los deudores antes de publicar sus nombres en redes sociales.
Según Riera, esta acción no está legalmente permitida sin la autorización expresa de los deudores y explicó que esta práctica tiene su origen en una antigua ley del 2001, la cual reglamentaba la información de carácter privado.
Sin embargo, esta ley fue derogada y reemplazada por una nueva normativa en el año 2020. La nueva ley no solo protege los datos personales privados, ahora denominados crediticios, sino que también regula la creación de instituciones que prestan servicios con dicha información.
"Tengo que saber exactamente de qué estamos hablando y, a partir de ese conocimiento, porque esté informado, yo tengo que dar una autorización que tiene que ser escrita sí o sí, no puede ser de otra forma, expresa", declaró.
Añadió que la autorización debe ser clara y firmada por el deudor, y que la Municipalidad debería tener esta autorización expresa, escrita e informada de todos los deudores antes de publicar sus nombres.
Riera también mencionó que la ley define claramente qué es información crediticia, información personal y autorización, entre otros conceptos. Además, destacó la inclusión del "derecho al olvido", que permite a una persona solicitar que su información sea olvidada cinco años después de su publicación.
"A partir de los cinco años no tendría que estar nadie acordando, usando el lenguaje de la ley, de que yo le debo a fulano o a mengano por aquello de la prescripción y lo que esta ley llama el derecho al olvido", explicó.
La ley vigente tiene dos autoridades de aplicación: el Banco Central, que regula el funcionamiento de las entidades que prestan servicios con información crediticia, y la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO), que se encarga de proteger a las personas afectadas.