Rodolfo Barrios, procurador general de la república, se refirió este jueves a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado paraguayo por el caso del exfiscal Alejandro Nissen.

Manifestó que si bien la responsabilidad es a nivel estatal, se pueden encontrar alternativas para que los funcionarios públicos que destituyeron a Nissen resarzan los daños.

"Hay que encontrar un marco normativo (para que los funcionarios individualmente reparen el daño). Podríamos elaborar un proyecto, podríamos crear algo, yo creo que es justo", dijo.

"Esto lo deberíamos plantear ante un juzgado. Sería innovador. No tengo ningún tipo de temor a plantear algo innovador que pueda ser beneficioso al Estado. Pero también que cuidar (...), si esa demanda no está bien sostenida y no puedo probar la responsabilidad de estas personas sería un perjuicio mayor para el Estado", advirtió.

"Vamos a tratar de encontrar ese marco normativo. Por ahora a lo que estamos abocados es poder cumplir con el señor Nissen", afirmó.

Fallo de la CIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló el martes a favor del exfiscal Alejandro Nissen Pessolani y condenó a Paraguay por violación de derechos en su contra. El exagente fue removido por supuesto mal desempeño de funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

La instancia internacional responsabilizó al Estado por violar la garantía de contar con un juez imparcial, por transgresión al derecho de protección judicial y por violación del derecho de Nissen a permanecer en su cargo en condiciones de igualdad.

Paraguay debe pagar al exfiscal en un año USD 30.000 como indemnización, USD 243.000 por daño material, USD 15.000 por daño inmaterial, USD 15.000 por costos y gastos. Además, debe reintegrar unos USD 5.269,12 al Fondo de Asistencia a Víctimas.

El caso del exagente inició en marzo de 2002 con la denuncia del JEM. Al año siguiente fue destituido y presentó una acción de inconstitucionalidad que se rechazó en el 2004. Finalmente apeló ante la CIDH.

"Esto comenzó con una serie de investigaciones (...). Comenzamos a investigar de manera oficiosa los famosos autos robados que estaban en poder del presidente de la república, (Luis Ángel) González Macchi, en poder de su señora, del presidente del JEM", recordó Alejandro Nissen.