Derlis Maidana, senador y presidente de la Comisión de Legislación del Senado, afirmó este martes que el artículo 31 del proyecto de ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones solo podría otorgar protección judicial a los funcionarios de esta institución mientras dure una intervención a una caja, cuya duración prevista es de máximo 12 meses.

“Según los técnicos estaban explicando es que mientras dure el proceso de intervención, por ejemplo, la superintendencia interviene, le nombra a Juan Pérez y mientras dure ese proceso de intervención de 12 meses, para que no se parar el proceso con chicanas y argucias judiciales”.

“Lo que se trata de preservar es el momento en el cual están interviniendo una caja. El resto del proyecto no habla de otros procedimientos”.

Igualmente, mencionó que la comisión trabaja en una modificación a la redacción de dicho artículo.

“Ahora comienza el párrafo del artículo 31, con la modificación que estamos trabajando con el procurador general, que las acciones de los funcionarios de la superintendencia y de los interventores podrán ser objeto de revisión judicial con posterioridad a la culminación de dichas funciones por omisión y desviación de las mismas”.

El artículo 31 dice:

“Ni los funcionarios de la Superintendencia ni los interventores podrán ser sometidos a juicio por las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones legales. Estas acciones podrán ser objeto de revisión judicial con posterioridad a la culminación de dichas funciones, por la eventual omisión o desviación en el cumplimiento de las mismas”.