La abogada de uno de los imputados por el caso Mario Abdo explicó que mediante una investigación interna del Ministerio Público no se puede saber la autenticidad de los chats revelados. Las conversaciones involucran al abogado de Horacio Cartes y al fiscal que imputó al expresidente Abdo.

Cecilia Pérez, abogada del diputado Mauricio Espínola, afirmó este jueves que la Inspectoría del Ministerio Público no tiene la facultad de incautar celulares. Criticó el actuar del fiscal general del estado Emiliano Rolón, quien ordenó una investigación interna sobre las conversaciones filtradas.

Señaló que para conocer la autenticidad de los chats que involucran al abogado del expresidente Horacio Cartes, Pedro Ovelar, y al fiscal Aldo Cantero necesariamente debe abrirse una investigación penal. El agente imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y a su exgabinete, entre ellos el diputado Espínola.

“(El fiscal general) se limita a abrir un proceso en la Inspectoría del Ministerio Público, que tiene una facultad de hacer una revisión de la cuestión dentro de la causa. No tiene facultad para incautar celulares o revisar lo que había en equipos informáticos”.

“Nosotros creemos que hay comisión de hechos punibles. Según los chats, lo que hay es simulación de hechos punibles, porque se traen pruebas diligenciadas. Las pruebas se diligencian fuera, o sea, lo que después se convierte en un elemento dentro de la carpeta, realmente se trae armado y se somete al fiscal a los efectos de que él introduzca en la carpeta”.

Delitos a investigar

La abogada citó que los delitos que se deben investigar por el contenido de los chats son simulación de hechos punibles, prevaricato, persecución de inocentes y revelación de secretos de carácter privado realizado por funcionarios.

Pérez manifestó que el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, no forma parte del proceso contra Mario Abdo, por lo que no puede tener participación a través del fiscal Cantero.

Indicó que según los chats revelados en un informe periodístico de Abc Cardinal, Ovelar incluso enviaba diligencias concretadas al fiscal, desplazándolo en su papel de titular de la investigación.

“El denunciante y el abogado patrocinante no son parte del proceso, entonces el fiscal solamente puede compartir la información en esa etapa con quien es parte del proceso. Acá no tenemos otra parte del proceso”.

“El que dirige el proceso es el fiscal, las partes o quien fuere que pretende que se realicen diligencias, viene y presenta pedidos y el fiscal los analiza. No es que yo traigo mi declaración testimonial hecha y le digo ‘tomá, revisá si está todo bien’. Un fulano declaró en algún lugar y le trajo el acta”.