Los legisladores de Encuentro Nacional buscan castigar el abuso en el desempeño de la función pública. Afirmaron que Paraguay incumple pactos asumidos al no sancionar el hecho. Explicaron que constituiría abuso designar a personas que no cumplan los requisitos para un cargo.

La senadora Kattya González y el diputado Raúl Benítez, del Partido Encuentro Nacional (PEN), anunciaron este viernes en conferencia de prensa la presentación de un proyecto de ley que busca sancionar el abuso de funciones en la función pública.

La legisladora afirmó que Paraguay incumple pactos asumidos al no tener tipificado este hecho. Además, sostuvo que es un momento oportuno para plantear hacerlo.

“Como Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad, hemos realizado una serie de estudios de convencionalidad y desde las rondas de incumplimiento de algunos pactos asumidos por el Paraguay, figura desde 2016 el abuso de funciones”, dijo desde la sala de prensa del Senado.

González explicó que la iniciativa pretende sancionar la deslealtad de los funcionarios respecto a su carácter misional y ético, así como a aquellos que ejerzan su cargo rebasando los límites de la ley.

“A más de la idoneidad, que es un requisito fundamental para el acceso a la función pública, esa condición conlleva la idea de estar ligado a la legalidad, con un estricto acatamiento a las reglas de ética y probidad pública, de modo que, el funcionario que afecte gravemente la investidura ostentada, con el ejercicio más allá de lo que la ley le permite, constituye un abuso de función que amerita una respuesta punitiva”.

Asimismo, la senadora indicó que sería abuso de funciones el acto de designar a una persona que no reúna los requisitos exigidos por la ley para el cargo en el que debe desempeñarse. Puso de ejemplo a las entidades binacionales.

“Las binacionales actualmente están servidas en bandeja para que se compren lealtades. No se comete un acto de nepotismo propiamente dicho, pero hoy advertimos que en las binacionales se están nombrando a esposos y esposas de jueces y fiscales, de manera tal a interferir en la administración de justicia”.

“Se están nombrando a operadores políticos que no tienen el perfil técnico, ni tampoco existe una necesidad institucional para que ese funcionario cumpla una función misional”.