El MP recibe calificación baja en informe de Gafilat: piden aumentar las investigaciones

5 septiembre, 2022

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Carlos Arregui
Gafilat da calificación "baja" a la investigación de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Cuestionan la baja cantidad de sentencias y procesos en el marco de estos delitos.

 

Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), informó este lunes que el Ministerio Público (MP) recibió una calificación baja en cuanto a investigación del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

"Básicamente no es suficiente la cantidad de sentencias condenatorias y también de investigaciones complejas relacionadas al lavado de activos. También hacen referencia a la desproporcionalidad en cuanto a la cantidad de informe de inteligencia financiera y estratégica enviados al Ministerio Público y la cantidad concreta de investigaciones que ellos han iniciado", dijo.

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Señaló que la Seprelad, en el plazo de seis años, remitió 748 informes de Inteligencia y que la Fiscalía solo concretó 27 sentencias condenatorias.

"Lo que se pide es que se puedan aumentar el número de investigaciones, de procesamientos y de los comisos que se puedan obtener", remarcó.

En el informe de Gafilat se cuestiona que a pesar de existir un ordenamiento jurídico acorde para combatir el lavado de dinero, el número de investigaciones ha sido bajo.

Además, se señala que los procesos iniciaron en mayor medida por oficio del Ministerio Público y en menor medida por iniciativa o denuncia de la Seprelad u otras instituciones.

Según el documento, la baja cantidad de sentencias demuestra "poca efectividad en esta materia".

La organización intergubernamental antilavado y financiamiento al terrorismo publicó este lunes los resultados de efectividad de evaluación mutua de la República de Paraguay.

El país aprobó esta evaluación y evitó su regreso a la lista gris. Los niveles bajos, según se observa, es en los exámenes de investigación y procesamiento de los casos de lavado de activos, por lo que afecta directamente al Poder Judicial y Fiscalía.