Oposición presenta proyecto para garantizar arancel cero y otras leyes financiadas por Fonacide

9 abril, 2024

Compartir:

Conferencia de prensa de legisladores opositores. Foto: Mariela Fretes.

Legisladores opositores propusieron garantizar la continuidad de los programas financiados por el Fonacide mediante un proyecto. Afirmaron que se necesitan USD 150 millones para ello. La iniciativa establece que los recursos saldrán del Tesoro Nacional y no podrán ser inferiores al monto previsto en el presupuesto del año anterior. Los parlamentarios pondrán la iniciativa a consideración de estudiantes y autoridades.

 

Senadores y diputados de la oposición presentaron este martes un proyecto de ley que busca garantizar el financiamiento y ejecución de la ley arancel cero y otros programas que dejan de ser financiados por el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) tras la promulgación de la ley "Hambre cero"..

La iniciativa se denomina “Que garantiza la continuidad, financiamiento, y ejecución de programas estratégicos vinculados a salud, educación, investigación y primera infancia y establece obligaciones para el Ministerio de Economía y Finanzas y deroga artículos de la Ley N° 6380/2019 ‘De modernización y simplificación del sistema tributario’”.

Los senadores Esperanza Martínez (FG), Rafael Filizzola (PDP) e Ignacio Iramain (PEN); y los diputados Raúl Benítez (PEN) y Johanna Ortega (PPS) anunciaron el proyecto.

“Vamos a poner a consideración tanto de las dos cámaras, así como también vamos a enviar a los gremios estudiantiles y vamos a mandar al Poder Ejecutivo para que discutamos una ley que garantice explícitamente y diga que los fondos que hoy están van a estar, van a continuar, van a crecer y no va a haber en ningún momento una discontinuidad financiera y económica para que el proyecto de arancel cero y los otros proyectos permanezcan”, dijo Martínez.

Programas y financiamiento

Las leyes cuyo financiamiento el proyecto prevé garantizar son la Ley N° 6170/18 (Ley Anita), la Ley N° 6266/18 “De atención integral a las personas con cáncer", la Ley N° 7018/22 “De salud mental”, la Ley N° 6628/20 (arancel cero).

También incluye las resoluciones CAFEEI N° 16/21 (Atención Integral a Niños y Niñas de 0 a 3 Años con Enfoque Comunitario  en Capital y 10 departamentos), N° 62/17, 16/19, 11/23 (Becal); la resolución N° 11/21 (Prociencia).

Todos estos programas pasarán a ser financiados por la Fuente de Financiamiento 10 (Recursos del Tesoro Nacional).

Además, en el caso de las leyes “Anita”, “atención integral a las personas con cáncer”, “de salud mental” y “arancel cero”, el monto mínimo a destinarse no podrá ser inferior a los recursos previstos en el Presupuesto General de la Nación del año anterior. También se prevé aumentar su financiamiento en caso de aumentar la necesidad.

Blindaje y recursos

El proyecto establece que los recursos previstos para el financiamiento de los citados programas no podrán ser objeto de disminución ni reprogramaciones.

También busca asegurar el financiamiento previendo que el Ministerio de Economía y Finanzas destine el resultado de aplicar lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley N° 6380/2019 “De modernización y simplificación del sistema tributario nacional”. Dicho artículo establece la creación del Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura y Capital Humano (Foicah).

Esperanza Martínez explicó que para financiar todos estos programas se necesitan USD 150 millones y señaló que la forma de conseguir ese monto es con el Foicah y derogando exoneraciones tributarias al sector empresarial, como se prevé en el proyecto.

“Se crea un fondo, por lo tanto el Foicah está vigente, tiene recursos que salen del incremento de los fondos de la reforma tributaria. Aquí está parte de los recursos que necesitamos. Porque no son los USD 20 millones para el arancel cero. Necesitamos USD 150 millones para mantener estos programas”.

“La segunda tiene que ver con una derogación del iniciso g del artículo 25 y varios numerales de los artículos 56 y 79 de la ley 6380, que lo que hace es disminuir el gasto fiscal, aquellas cosas que les exoneramos al sector empresarial y por lo tanto no recaudamos”.