Óscar Lovera, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, afirmó este jueves que los programas antes financiados por el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) ya están previstos en el Presupuesto General de la Nación.

“Nosotros desde un inicio, el Ministerio de Economía, hemos dicho que vamos a asegurar el financiamiento de estos recursos, a través del presupuesto”.

“Estos (programas) ya tienen en el presupuesto una programación, están vinculados a los ingresos que se reciben o se recibían para este fin de parte de Itaipú, que es por cesión de energía. El año pasado se recibió el 77 % de los ingresos que estaban previstos. Llegó el 77 % para el financiamiento de todos los programas que estaban con Fonacide”, dijo.

Arancel cero

Respecto al arancel cero, explicó que en el año 2023 se ejecutó el 96 % de lo presupuestado en Fuente de Financiamiento 10 (Recursos del Tesoro Nacional). Esta fuente de financiamiento pasará a financiar la ley arancel cero, tras la promulgación de la ley “Hambre cero”.

“Hoy ese financiamiento del arancel cero tiene una fuente, que es Fuente 30, y tiene un identificador, que es el organismo financiador 88, que se denomina gratuidad de la educación superior. Lo que vamos a hacer desde el Ministerio de Economía es cambiarle la fuente, de Fuente 30 pasa a Fuente 10. Pero, vamos a mantener el identificador 88 gratuidad de la educación superior”.

Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y de la Universidad Nacional del Este (UNE) afirman que la Fuente 10 no es una fuente de financiamiento segura para el arancel cero.

Programas financiados por Fonacide

El Fonacide distribuía sus recursos en el Tesoro Nacional para programas y proyectos de infraestructura, en el Fondo para la Excelencia de la Educación (FEEI), en los Gobiernos Departamentales y Municipales, en el Fondo Nacional para la Salud, para la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), para las universidades públicas del país e institutos de formación docentes.

La ley “Hambre cero” traslada el 80 % de estos recursos al Fondo Nacional para la Alimentación Escolar (Fonae), con el fin de utilizarlos exclusivamente para la alimentación escolar.