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El proyecto de superintendencia de jubilaciones aprobado en Senado establece taxativamente la prohibición del IPS de prestar plata al Estado, así como instrumentar operaciones con bonos. Además, dice que ningún funcionario estará exento de responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

El senador Gustavo Leite envió a la producción de Radio Monumental el proyecto aprobado este martes en la Cámara de Senadores.

El documento establece modificaciones en los artículos más cuestionados: el 43 y el 31.

Del artículo 43 se elimina la derogación del segundo párrafo del artículo 27 de la carta orgánica del IPS, el Decreto-Ley N.º 1860/1950. En su lugar, modifica dicho artículo, haciendo constar taxativamente que la previsional no podrá prestar plata al Estado.

Con la modificación, el artículo queda redactado de la siguiente manera:

“El Consejo de Administración dispondrá la elaboración de un programa de inversiones y colocaciones financieras de las reservas del Instituto a fin de preservar el valor de las mismas. Las rentas generadas por las mismas serán destinadas a reforzar el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones y a otras que el Consejo de Administración determine.

El Instituto no concederá préstamos al Estado, ni a los entes descentralizados, ni a las municipalidades. De igual manera no podrá instrumentar operaciones con bonos o cualquier otro tipo de títulos de deuda emitidos por el Estado paraguayo”.

El artículo 31 de “Responsabilidad durante la intervención de entidades” del texto aprobado establece:

“Ningún funcionario estará exento de responsabilidad, por su acción u omisión en el desempeño de sus funciones”.

El artículo 31 del proyecto original del Ejecutivo decía que que ni los funcionarios de la superintendencia ni el interventor podrán ser sometidos a juicio por las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.

El Senado logró la aprobación del proyecto en una sesión extraordinaria convocada por la Bancada de Honor Colorado, cuyos integrantes mocionaron reiteradas veces cerrar el debate a los legisladores opositores.

Tras la sanción del proyecto, se desataron incidentes en las manifestaciones de las organizaciones de trabajadores y jubilados. Según la Policía Nacional, hay 31 personas detenidas.