Una jueza procesó penalmente a los exfuncionarios del gobierno anterior. Pedirá el desafuero del expresidente Abdo y del diputado Espínola. Convocó audiencia de imposición de medidas para finales de marzo y principios de abril.
La jueza Cynthia Lovera admitió este jueves la imputación contra los exministros y exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez.
En el caso del expresidente y del diputado Mauricio Espínola, la magistrada pedirá el desafuero en ambas Cámaras del Congreso Nacional para iniciar el proceso penal en su contra.
Se encuentran procesados Carlos Arregui, exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad); Arnaldo Giuzzio, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad); Mauricio Espínola, exsecretario privado de Mario Abdo y ahora diputado; René Fernández, exministro de Secretaría Nacional Anticorrupción.
También Carmen Pereira, exviceministra de Seprelad; Daniel Farías, exdirector de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad; Guillermo Preda, exdirector General de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad; Francisco Pereira, exdirector de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad.
La jueza citó a Arregui el 25 de marzo a las 08:30 para su audiencia de imposición de medidas cautelares; a Giuzzio, el 26 de marzo; a Fernández, el 1 de abril; a Carmen Pereira, el 2 de abril; a Farías, el 3 de abril; a Preda, el 4 de abril; y a Francisco Pereira, el 5 de abril.
Relato de la Fiscalía
Los fiscales Aldo Cantero Colmán y Giovanni Grisetti sostuvieron que Abdo junto a sus exministros y funcionarios habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado: el expresidente Horacio Cartes y el presidente de la república Santiago Peña.
Esto supuestamente con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral.
Según los fiscales, para llevar adelante el esquema en contra de Cartes y Peña, el expresidente Abdo habría compuesto su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo. Señalaron especialmente a Arregui, Giuzzio y Fernández.
En la descripción de hechos, el Ministerio Público señala en su acta de imputación la elaboración y filtración del Informe de Inteligencia Financiera N.° 10/2022 de la Seprelad.
Hechos atribuidos
Mario Abdo Benítez está imputado por seis hechos punibles: revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, revelación de secretos de servicio, denuncia falsa, simulación de hecho punible, inducción a un subordinado a un hecho punible y asociación criminal.
Carlos Arregui está imputado también por seis hechos punibles: revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, revelación de secretos de servicio, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
Arnaldo Giuzzio está imputado por seis hechos punibles: revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, revelación de secretos de servicio, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
René Fernández está imputado por cinco hechos punibles: denuncia falsa, simulación de un hecho punible, asociación criminal, usurpación de funciones públicas y revelación de secretos de servicio.
Carmen Pereira está imputado por seis hechos punibles: revelación de secretos privados por funcionaros o personas con obligación especial, revelación de secretos de servicio, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
Daniel Farías está imputado por cuatro hechos punibles: denuncia falsa, asociación criminal, usurpación de funciones públicas, revelación de secretos de servicio.
Guillermo Preda está imputado por seis hechos: revelación de secretos privados por funcionarios públicos o personas con obligación especial, revelación de secretos de servicio, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
Francisco Pereira está imputado por seis hechos punibles: revelación de secretos privados por funcionarios públicos o personas con obligación especial, revelación de secretos de servicio, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
