Un tribunal arbitral internacional condenó al Estado paraguayo a pagar en total USD 16.546.000 a la empresa portuguesa Mota-Engil. Esto en el marco de la demanda de la firma contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por la decisión del expresidente Mario Abdo Benítez de suspender las obras del fallido metrobús.

Según un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR), la demanda inició en el 2018 tras la decisión de Abdo, a través del extitular del MOPC Arnaldo Wiens, de suspender las obras.

La condena es por “ejecución indebida de la garantía de cumplimiento de contrato, montos retenidos indebidamente, daño emergente, costos y costas e intereses”, dice el documento.

Marco Aurelio González, procurador general, afirmó en conferencia de prensa que se están evaluando los recursos que se podría interponer en contra del laudo arbitral, a fin de reducir el impacto.

Detalló que el Estado ya pagó aproximadamente USD 27.684.000 a la empresa y ahora debe pagar otros USD 16 millones por suspender la obra.

“Se pagó USD 27.000.000 y se nos obliga a pagar ahora adicionalmente USD 16 millones, a raíz de esa decisión”.

Explicó los argumentos del tribunal para la condena.

“Las razones del tribunal básicamente son dos, para condenar al Estado. La primera es que el Estado se comportó de manera indebida, debido a que ha actuado en contra de una orden procesal; el tribunal le dijo al Estado que no ejecute la póliza y el gobierno anterior lo ha ejecutado a pesar de eso”.

“La segunda razón es porque el tribunal entendió que una parte del retraso de la obra, Monta Engil reclamó que por culpa del Estado se ha retrasado unos 691 días. El tribunal entendió que solamente 258 días eran imputables al Estado, es decir el 37 % de lo reclamado”.

Critica a Mario Abdo

La Procuraduría expresó en dicho comunicado que la administración de Mario Abdo no contempló los intereses del Estado a la hora de "tomar la radical decisión de suspender las obras del proyecto y cuyas consecuencias hoy afecta al patrimonio que es de todos los paraguayos".

"Ana vez más, la mala gestión en la defensa de nuestros intereses, durante el periodo anterior, expone al país al pago de penalidades que desangran nuestras arcas", agrega.