La senadora opositora sostuvo que el presidente de la república debe vetar la versión de la Cámara Alta del proyecto de conflicto de intereses. Sostuvo que la propuesta quedó mutilada. Mencionó que el exmandatario Cartes se benefició con las “puertas giratorias”.
La senadora Kattya González (PEN) afirmó este martes que el presidente de la república Santiago Peña debe vetar el proyecto de ley que modifica artículos de la Ley N.º 7089/2023 “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”.
Expresó que la versión de la Cámara de Senadores remitida al Poder Ejecutivo es un “mamotreto” y que mutiló el concepto de “conflicto de intereses”.
“Santiago Peña tiene que vetar este mamotreto que saca la versión Senadores y dejar al menos que se pueda revisar y desnudar también cuál es la intención que se tiene con los bienes del Estado”, dijo.
Manifestó que el expresidente de la república Horacio Cartes se benefició con exfuncionarios del Estado que pasaron a sus empresas con información privilegiada.
“(En versión Senado) se sacó el impacto que tienen las puertas giratorias en el manejo de información privilegiada. Nosotros sabemos que Cartes empieza con media docena de empresas su presidencia y termina con una cifra de más de dos dígitos, en cantidad de empresas públicas que se instala a partir de que sus gerentes manejan información privilegiada del Estado y con ese estudio del mercado realizan inversiones particulares”.
González sostuvo que la regulación del conflicto de intereses atraerá inversiones al país. Afirmó que una competencia desleal de parte del sector público frena dichas inversiones.
“Los grandes inversionistas lo primero que ven es la seguridad jurídica que eventualmente tienen las inversiones que van a realizar. Cuando existe una competencia tan desleal de parte del sector público en lo que hace a licitaciones, aprobaciones legislativas, directamente pone un freno de mano a las inversiones grandes extranjeras”.
La versión del Senado excluye al grupo familiar de lo que el proyecto define como “conflicto de intereses”, eximiéndolo de formar parte de la declaración jurada de los funcionarios públicos. Asimismo, exime a las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Además, en el capítulo de “Conductas Prohibidas”, suprime la prohibición de los funcionarios públicos de realizar alguna actividad laboral en entidades privadas o no estatales en el ámbito en el que hayan tenido atribución o competencia por haber ejercido la función pública.
Con esto, se elimina la prohibición de “puertas giratorias”, que establecía la ley 7089.
