Un fiscal habló de la condena por lesión de confianza de dos exministros de la Senad. Señaló que pagaron por equipos que el Estado no recibió. Señaló que no existe documentación del ingreso.

El fiscal Luis Piñánez refirió al caso por el cual dos exministros de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Francisco de Vargas y Luis Rojas, recibieron una condena por lesión de confianza. La pena del primero es de 3 años, mientras que el de segundo es de 4 años y 6 meses.

El agente relató que en el 2012 la institución, entonces bajo la administración de De Vargas, acordó la compra de equipos de inteligencia por un valor millonario a una empresa. Lo mismo aconteció en el 2015, cuando la Senad estaba a cargo de Rojas.

En el primer caso, el valor de la compra fue de G. 9.406 millones. En el segundo, de G. 1.400 millones. El fiscal expresó que en ambas situaciones "el Estado pagó por algo que no recibió".

"En el 2012 la Senad firma un contrato para adquisición de equipos de inteligencia, por valor de G. 9.406 millones. Concretamente, toda compra que realiza el Estado lo hace mediante un proceso de adquisición. Se ha demostrado en el juicio oral y público que el Estado pagó esa suma sin recibir ninguna contraprestación por lo que compró", dijo.

"De la misma manera, en el 2015, nuevamente, bajo la administración de Luis Rojas, adquiere nuevamente equipos de inteligencia firmando contrato con la misma empresa por la cual se iba a encargar de traer esos equipos, ya por un valor de G. 1.400 millones y nuevamente el Estado paga por algo que no recibió", continuó.

Señaló que la lesión de confianza se constituyó al demostrarse un perjuicio a las arcas del Estado.

Incluso, manifestó que la empresa proveedora fue señalada como una empresa de maletín.

"Para firmar un contrato, el Estado tiene que tener una contraparte, se firma un contrato donde el Estado contrata traer equipos de procedencia de Inglaterra, para lo cual se presenta como supuesto representante de esa multinacional una empresa que fue demostrado en juicio era una empresa de maletín, que no tenía ninguna solvencia alguna para sostener traer equipos del valor que hablamos", detalló.

"No existe ninguna prueba documental de que esos equipos hayan ingresado al país", remarcó.