El abogado Guillermo Ferreiro denunció la existencia del esquema de corrupción conocido como la “mafia de pagarés”, que involucra a agentes del sistema de justicia en la compra y uso fraudulento de documentos de deuda. Ferreiro explicó cómo funciona este esquema y las graves consecuencias que tiene para los trabajadores afectados.

“Se nombran jueces de paz, que tienen una cuota de dinero semanal que tienen que enviar hacia arriba, para arriba puede ser un ministro de corte, un senador”, afirmó. Según el abogado, estos jueces de paz deben enviar una cuota mensual a sus superiores, lo que crea un sistema de corrupción en el que se benefician altos funcionarios.

Ferreiro detalló que los jueces de paz, en complicidad con empresarios, crean empresas y activos jurídicos dedicados a la compra de documentos de deuda, conocidos como pagarés. Estos pagarés, en muchos casos, ya han sido pagados, pero se utilizan para iniciar demandas en pueblos alejados donde los demandados no están al tanto de las acciones legales en su contra.

“Los juzgados de paz han generado todo un esquema por el cual inician demandas y se aseguran de que el demandado no sepa que está demandado, hasta que ya recibe su salario y ve que está recibiendo menos de lo que corresponde”, afirmó Ferreiro. Cuando los trabajadores reclaman, se les informa que el juicio ya concluyó y que no pueden defenderse en un juicio.

Ferreiro explicó que los demandados deben contratar a un abogado y enfrentar un juicio ordinario que puede durar en promedio cinco años. Durante este tiempo, los trabajadores ven sus salarios reducidos sin posibilidad de defensa inmediata.

El abogado también describió las artimañas utilizadas por los jueces y empresarios para evitar que los demandados accedan a sus expedientes. “Te hacen lo que se llaman notificaciones voladoras, crean casillas especiales en los juzgados para abogados de esas empresas”, explicó. Estas prácticas ilegales incluyen demandar a personas en lugares lejanos a su domicilio, lo que dificulta su defensa.

Ferreiro subrayó que este esquema afecta principalmente a los trabajadores que mueven el país, aquellos que aportan al IPS o a la caja fiscal y que trabajan por salarios que muchas veces no les alcanzan. Cuestionó que la estructura del Estado, solventada con impuestos, esté generando nuevos ricos a costa de robar a los trabajadores.