El proyecto de ley de control de ONGs, que ya cuenta con media sanción en el Congreso, genera preocupación en diversas organizaciones de la sociedad civil. Yan Esperanza (foto), director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni, expresó su inquietud por el proyecto, destacando las complicaciones innecesarias que esta legislación podría traer.

“Nos preocupa fundamentalmente porque le agrega complicaciones que creemos que son absolutamente innecesarias y nos hace suponer que ya hay intenciones que no son las que mencionan directamente, que son las intenciones de control supuestamente. Porque esas cuestiones de control ya existen”, explicó Esperanza.

Según el director, las organizaciones de la sociedad civil ya están obligadas a enviar anualmente a la Abogacía del Tesoro los recursos que manejan y los beneficiarios finales de sus proyectos, al igual que cualquier empresa o sociedad anónima.

“La Seprelad tiene, obviamente, todos los mecanismos para hacernos un seguimiento y un control”, afirmó. También mencionó las obligaciones tributarias y la necesidad de tener a los colaboradores registrados en el IPS, indicando que estos controles ya están en vigor.

El director criticó las sanciones desproporcionadas que establece la nueva ley. “Si vos sos director de una organización de la sociedad civil, y hay un problema en la remisión de los documentos, se llegó tarde, no solamente te pueden sancionar eventualmente cerrando, sino que puede haber multas a las personas físicas, al miembro del consejo, que pueden llegar hasta 190.000 dólares”, explicó.

Para Esperanza, estas medidas generan un incentivo directo para que la gente deje de participar en las ONGs.

Otro punto de preocupación es la imposición de pasar al Presupuesto General de Gasto de la Nación los recursos donados para actividades que requieren acuerdos con entidades públicas. “Ese recurso que me donó alguien para comprar muebles para un colegio, si yo tengo un acuerdo con el Ministerio, tengo que ir por el Presupuesto General de Gasto de la Nación”, detalló. Esto, según él, desincentiva enormemente la cooperación público-privada.

Esperanza también cuestionó la justificación de la ley, que sugiere que algunas ONGs apoyan ocultamente a la oposición. “Este no es un argumento que se puede sostener en una sociedad democrática”, afirmó.

Destacó que el modelo constitucional establece que el Congreso es soberano para decidir el destino de los recursos del Presupuesto General de Gasto, lo que podría impedir que los fondos donados lleguen a su destino.