El pasado viernes 4 de agosto, el buque remolcador de bandera paraguaya HB Grus fue liberado por la Prefectura Naval Argentina después de estar retenido durante una semana en el puerto de Rosario. El motivo de la retención fue el supuesto incumplimiento del pago del peaje que Argentina impone a las embarcaciones que transitan por la Hidrovía Paraguay-Paraná, una vía fluvial estratégica para el comercio regional.
Sin embargo, según Raúl Valdés, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, el armador del buque tuvo que abonar la deuda por el peaje, más intereses y costas, para poder recuperar su embarcación y evitar mayores pérdidas. Valdés calificó esta medida como “hostil y poco amistosa” por parte del gobierno argentino, y afirmó que el peaje es ilegal e inconstitucional.
“La información de que no pagó es incorrecta, la verdad a través de ciertos procesos bastante hostiles y poco amistosos, la embarcación o el armador en realidad tuvo que terminar pagando la factura, más intereses, más costas y de esa manera conseguir la liberación de su embarcación”, dijo.
Valdés explicó que cada hora que pasaba era una pérdida para el armador, estimada en unos 400 mil dólares, y que además corría el riesgo de perder el contrato con el cliente al que estaba transportando. “Por ende primó el sentido común para este armador cuidando los intereses comerciales de su empresa, así evitando mayores pérdidas”, agregó.
También señaló que el peaje impuesto por Argentina no tiene sustento legal ni técnico, y que afecta al costo del servicio de transporte de mercadería. “No se trata del monto, sino que más bien se trata del hecho (...) eso se suma a una lista de incidentes y agravantes que solamente demuestran que no existe buena voluntad por parte del gobierno argentino para tratar este tema”, expresó.
Indicó que los armadores paraguayos están acudiendo a todas las vías legales disponibles para impugnar el cobro del peaje, e incluso solicitaron la inconstitucionalidad del mismo. Asimismo, pidió una mayor intervención del gobierno paraguayo para defender los intereses del sector fluvial y marítimo. “Es muy difícil jugar de visitante, como se dice, e ir a pelear allá con la justicia argentina”, manifestó.
El conflicto por el peaje en la Hidrovía se remonta al año 2019, cuando Argentina decidió cobrar una tasa por el uso y mantenimiento de la infraestructura fluvial a las embarcaciones que navegan por su territorio. Paraguay rechazó esta medida y argumentó que viola los tratados internacionales que rigen la navegación por los ríos compartidos.
