El fiscal Italico Rienzi, encargado de la investigación del caso conocido como “Herencia Correa” o "Estafa Correa", ofreció detalles sobre la detención de cuatro miembros de una familia que estarían a cargo de este engaño. Según Rienzi, la estafa se remonta a los años 70, 80 y 90, y ya se había realizado en varios países.

La familia detenida ofrecía carpetas de herencia de una empresa ficticia ligada a derechos sucesorios de un supuesto terrateniente brasileño que falleció en el año 1800. Los interesados debían abonar USD 6.000 para acceder a la carpeta, pero primero les solicitaban USD 1.000 para ingresar a un grupo de mensajería instantánea. Sin embargo, nunca había un avance al respecto.

Rienzi explicó que los estafadores seguían comprando derechos y acciones de un supuesto banco, The First National Bank Group, vendiendo las acciones hereditarias por USD 1.500 con la promesa de que los compradores cobrarían 4 millones de dólares. “No existen bienes para repartir, eso tiene que entender la gente, ni tampoco existe el Tefirs National Bank Group de Uruguay ni de Estados Unidos, y los documentos que están repartiendo son apócrifos”, aclaró el fiscal.

Además, los estafadores pedían pagos semanales de 100.000 a 200.000 guaraníes, lo que sumaba 400.000 guaraníes al mes por cada víctima. Con 322 víctimas en un solo grupo, los estafadores reclamaban 128 millones de guaraníes al mes. “Multiplicar eso por los 6 años que tenemos, noticias que están haciendo casi llega a 7.500 millones de guaraníes o para el millón de dólares en un solo grupo en la ciudad Roque Alonso”, detalló Rienzi.

El fiscal mencionó que el supuesto presidente del banco ficticio, Guillermo Saúl Ameri, convencía a las víctimas como un “profeta de la verdad” y que los líderes del grupo actuaban como una secta. Rienzi subrayó la importancia de que la prensa difunda la imagen de los estafadores para evitar que más personas caigan en este tipo de engaños.

El fiscal también destacó que los estafadores utilizaban tácticas de intimidación y amenazas para mantener a las víctimas en el grupo. “Le amilanan a la gente en este sentido, le hace tener miedo, un temor, y le amenaza de que le van a echar del grupo”, comentó. Una de las víctimas fue expulsada del grupo y acudió a la Fiscalía en busca de ayuda.

“Hace más de tres meses estamos trabajando con Crimen Organizado, la Policía Nacional en esto”, dijo. A pesar de las dificultades, lograron obtener la autorización necesaria para proceder con las detenciones. “Un juez de paz entendió la urgencia y nos dio la autorización”, explicó.

Rienzi destacó la sofisticación de la estafa y la necesidad de evidencias concretas para avanzar en la investigación. “Tienen una ingeniería social increíble, y están usando como excusa de que no se va a cobrar ahora por la intervención fiscal”, expresó.