Cecilia Pérez habló de responsabilidades de entes públicos en medio de esta estafa.

La abogada Cecilia Pérez comentó que en medio hay un agravante ya que la que realizó el trámite a la familia damnificada es una funcionaria pública. Ella utilizó su rol como servidora pública para ser intermediaria entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y los afectados.

"No puede ser gestor aprovechar su rol público", criticó Pérez.

Y no solo eso, sino que además de la ANDE, en medio habría irregularidades por parte del Banco Nacional de Fomento (BNF) por efectivizar a través de un poder que ni siquiera figuraba en Registros Públicos.

"Acá tiene que haber un sumario en paralelo para que colabore a la investigación. El banco en sí por ejemplo tendrá que explicar cómo un gerente autoriza un pago así de esta forma", agregó la profesional del Derecho.