Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti imputaron ayer al expresidente Mario Abdo Benítez y a varios exministros de su gabinete por su presunta participación en una red de filtración de información.
Según las acusaciones, el exmandatario y sus colaboradores habrían utilizado datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) para desacreditar a figuras políticas oponentes.
Manuel Riera, abogado y expresidente del Colegio de Abogados, brindó una perspectiva crítica sobre el caso. “Esto tiene, además de lo jurídico, una observación política y de confidencialidad que no podemos ignorar”, afirmó.
Relató que durante su presidencia en el Colegio de Abogados, ya había advertido sobre los riesgos de manejar información confidencial sin las garantías adecuadas.
Riera recordó que, a pesar de las promesas de manejo seguro de la información por parte de la Seprelad, los hechos actuales podrían confirmar las dudas expresadas por los abogados en aquel entonces.
“Si las figuras implicadas pueden explicar esto, la garantía que nos prometían se corrobora; si no, nuestras dudas se corroboran”, señaló.
“Ese es un tema que a mí me parece relevante, sobre todo una cuestión que hoy tiene la Corte en inconstitucionalidad contra ese reglamento que Seprelad finalmente aprobó, pese a los reparos de los colegios de abogados”, agregó.
El abogado también destacó la relevancia de este caso para la justicia, mencionando el término “lawfare” estudiado por la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, que describe el uso del sistema judicial como herramienta política.
