Este martes, el Poder Ejecutivo promulgó la implementación de la tobillera electrónica, una medida que busca mejorar la seguridad y el control de personas procesadas o condenadas. Rodrigo Nicora, ministro de Justicia, explicó las modalidades y el alcance de esta nueva herramienta.
“Tiene diferentes modalidades. Por un lado, aquellos que demuestren la insolvencia para poder cubrir los gastos de la aplicación de este dispositivo, el Estado se hará cargo”, afirmó.
En los casos de prisión domiciliaria, tanto para procesados como para condenados, la persona deberá cubrir los costos del dispositivo, a menos que demuestre insolvencia, en cuyo caso el Estado asumirá los gastos.
“Si la persona está en capacidad de garantizar su sometimiento a un proceso con bienes económicos, ¿por qué no podría pagar el costo de un brazalete electrónico?”, cuestionó el ministro.
“La aplicación en este caso, en esta primera etapa, va a estar orientada justamente a uno de los tres hechos más denunciados, tanto a la Policía Nacional, al 911 y también nosotros, como sistema de reclusión penitenciaria, a lo que tiene que ver con violencia familiar y dentro de ese grupo, violencia contra la mujer”, explicó Nicora. Esta medida busca proteger a las mujeres que corren riesgo de feminicidio y violencia.
En cuanto a la cantidad de tobilleras electrónicas que se esperan adquirir, Nicora mencionó que en esta primera etapa se comprarán aproximadamente 100 dispositivos. Esta primera experiencia se aplicará en Asunción y Gran Asunción, debido a los altos índices de violencia en estas zonas.
