Robert Marcial González, abogado laboralista, expresó su opinión sobre el planteamiento del gobierno de modificar el Código Laboral, específicamente en lo que respecta a la eliminación de la inamovilidad laboral. González consideró que el debate es legítimo, siempre y cuando se garantice la protección de los trabajadores.

“Planteado en esos términos el debate es legítimo porque de hecho por imperio de la Constitución no se puede luego eliminar la estabilidad”, afirmó. El abogado explicó que la Constitución, en su artículo 94, garantiza la estabilidad laboral, pero deja al legislador la interpretación de lo que se entiende por estabilidad. En el régimen actual, el principal efecto de la estabilidad especial es la inamovilidad.

“Se puede perfectamente admitir el debate de modificar este efecto de la estabilidad que hoy es la inamovilidad pero a condición de que no se deje desprotegido al trabajador”, subrayó. Añadió que el derecho laboral y la Constitución deben contemplar compensaciones razonables para que se pueda realizar la modificación pretendida.

“Esas compensaciones pueden ser de diverso orden, por ejemplo mejorar, potenciar, ampliar el monto de la indemnización, establecer un seguro de desempleo y en definitiva una serie de fórmulas”, sugirió.

También destacó la importancia de entender el rol del Estado en este contexto y advirtió que no se puede exigir al sector privado que asuma las deficiencias estructurales del Estado. “De lo contrario se le exige al sector privado que está arriesgando el capital, que está invirtiendo, que está promoviendo fuentes de trabajo, que asuma las deficiencias estructurales del Estado”, argumentó.

“El debate debería ser integral, pero el derecho no hay que asociarlo o reducirlo estrictamente a la ley”, afirmó. Propuso que se contemple la realidad sociológica y se respeten los principios garantizados por la Constitución. “Tiene que verse como una suerte de trípode, donde una de las patas es la norma, otra tiene que ser necesariamente el elemento sociológico y otro el elemento valorativo”, explicó.

El abogado también criticó la figura de la protección del funcionario público, que permite a la clase política hacer nombramientos arbitrarios. “Bajo la figura de la protección del funcionario público que no puede ser removido para promover la carrera, lo cierto es que le permitimos a la clase política hacer lo que se le antoje, meter amigos, parientes, familiares”, denunció.

González declaró que es necesario hacer ajustes que respeten el principio de igualdad de la Constitución y evitar la perpetuación de privilegios. “Sin precarizar el empleo tenemos que hacer ciertas revisiones que respeten el principio de igualdad de la Constitución”, expresó.