Pedro Halley, representante de la Unión Nacional de Jubilados del IPS, expresó su apoyo a las modificaciones propuestas a la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS), que deberá tratarse este martes en sesión ordinaria en la Cámara de Diputados.

Halley afirmó que estas modificaciones representan un paso hacia la formalización laboral y la disuasión del fraude. "Apoyamos el proyecto, creemos que es un paso hacia la formalización laboral, hacia disuadir un poco más el fraude ese de subdictadar durante 22 años y convertirte en gerente en los últimos tres años, para mejorar tu promedio", declaró.

El representante también respaldó los artículos que fortalecen el financiamiento del Fondo de Salud y la regularización de los títulos dominiales de las propiedades del IPS.

Sin embargo, destacó que la principal modificación, que es pasar de 3 a 10 años el periodo de referencia para promediar el salario y obtener el haber jubilatorio, es necesaria. "Estamos de acuerdo, leyendo todos los informes actuariales de esa época, los sucesivos informes actuariales, todos concordamos técnicamente en que es necesario ese pequeño ajuste paramétrico", explicó.

Halley subrayó que el fondo de jubilaciones del IPS es sobrio, solvente y sostenible, con un ingreso bruto neto mensual de 60 millones de dólares y un gasto de 55 millones, lo que deja un excedente. "Hablamos de condiciones muy favorables de ese fondo de jubilaciones", añadió.

No obstante, Halley expresó su preocupación por el mecanismo de actualización de los haberes muy anteriores. Señaló que, según el proyecto de ley, los tres salarios de los 36 meses anteriores a la jubilación no se actualizan, mientras que los siete años anteriores a esos tres años sí se actualizan. "Primero, nosotros queremos que se actualicen los 10 años, porque no hay razón alguna para no actualizar esos primeros 3", remarcó.

El representante también criticó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como método de actualización, calificándolo de "índice absolutamente falso" que no refleja el costo real de vida de la población. Enfatizó que es necesario mejorar la redacción del proyecto de ley para asegurar una actualización justa y realista de los haberes jubilatorios.