La senadora Kattya González denunció que el título de abogado presentado por el senador colorado, Hernán Rivas, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), es “inconsistente” y que proviene de una universidad que fue clausurada por estar vinculada al lavado de dinero y al narcotráfico.
La legisladora explicó que junto con el diputado Raúl Benítez realizaron una investigación sobre el caso Rivas, solicitando informes a distintas instituciones, entre ellas el Ministerio de Educación, la ANEAES, el CONES y la Corte Suprema de Justicia.
“Y realmente es una vergüenza y es un bochorno la manera en la cual han respondido estos pedidos de informes, porque todo conduce a inconsistencia en la expedición del título”, afirmó González.
Según la senadora, ni siquiera pudieron acceder al título ni a los antecedentes académicos de Rivas, que son dos requisitos básicos para la matriculación en la Corte. “Sin embargo, la Corte nos responde que ellos tenían que analizar de manera manual 46.000 legajos para poder contestar el pedido que estábamos realizando”, agregó.
Reveló que la universidad donde supuestamente estudió Rivas, la Sudamericana, fue habilitada en el 2009 con dictamen en contra del Consejo de Universidades y que luego fue clausurada por estar involucrada en casos de lavado de dinero y narcotráfico.
“Aparentemente esta universidad se utilizaba efectivamente para lavar dinero, está vinculada a personas ligadas al narcotráfico que incluso tienen investigaciones en Brasil, y fue habilitada en el 2009 con dictamen en contra del Consejo de Universidades”, dijo.
“Esto lo firma Pedro González, el exrector de la Universidad Nacional, donde señala a la Cámara de Diputados que esta universidad no podía ser habilitada, de ninguna manera”, añadió.
González indicó que la universidad Sudamericana tenía incumplimientos en la carga horaria, el plantel docente, la infraestructura y la malla curricular de todas las carreras que ofrecía. “Entonces estamos hablando de una gravedad absoluta”, sostuvo.
González advirtió que el caso Rivas es solo “la punta del iceberg” y que hay otros 46 títulos que están en las mismas condiciones, muchos de ellos ocupando cargos públicos.
“De ahí el hermetismo con el cual se manejan las instituciones y ese discurso monocorde que estamos escuchando de que acá resulta que es un secreto de estado la formación académica de nada más y nada menos que un miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados”, criticó.
