La Fiscalía formuló acusación ayer contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras personas. Los cargos incluyen supuesta lesión de confianza y asociación criminal relacionada con el manejo de fondos destinados a la compra de alimentos durante la pandemia.

Según el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, la Fiscalía superó el estándar de sospecha y cuenta con un grado de certeza suficiente para solicitar la apertura de un juicio oral y público.

El caso se centra en un esquema que involucra a funcionarios y directores municipales que promovieron una licitación para adquirir 25,000 kits de alimentos destinados a familias de escasos recursos. La licitación, valorada en aproximadamente 2,900 millones de guaraníes, habría sido otorgada a la empresa “Tia Chela”.

Sin embargo, la investigación reveló irregularidades, incluida una entrega parcial de la mercadería. Corbeta aclaróp que el perjuicio patrimonial atribuido no se basa en la totalidad del monto, sino en aproximadamente 2,130 millones de guaraníes.

El fiscal destacó que los errores administrativos detectados no fueron circunstanciales, sino que indican una coordinación y preparación para favorecer a la empresa adjudicada.

Además, dijo que se descubrió una vinculación entre la propietaria de la empresa “Tia Chela”, Emili Vanessa Florentín, y el intendente. Florentín, quien fue expareja del intendente, también participó en otras licitaciones y actualmente se desempeña como asesora jurídica en la municipalidad, según la acusación fiscal.