La abogada Cecilia Pérez ofreció una detallada explicación sobre los procedimientos fiscales para allanar una vivienda, destacando la importancia de la rigurosidad jurídica y operativa en estos casos.

Pérez explicó que el allanamiento tiene una parte jurídica fundamental que no se puede descuidar. Según la abogada, es crucial separar la parte jurídica de la operativa, aunque ambas están interrelacionadas.

“Está lo que pide el fiscal y lo que le da el juez. Y eso no es una carta blanca”, enfatizó, señalando que en algunos casos se observan errores como la inclusión de elementos innecesarios en las órdenes de allanamiento.

“Si vos vas a hacer un allanamiento porque tenés información de inteligencia, con la información de inteligencia ya sabés dónde vas a entrar”, explicó. Pérez cuestionó la lógica de pedir incautar bienes como vacas o aeronaves en lugares donde claramente no se encuentran.

“Eso por ejemplo parece una tontería, pero no es poca cosa porque te demuestra la rigurosidad que tiene que tener el juez de garantía y control de la investigación”, añadió.

Destacó que el fiscal es el director jurídico del allanamiento y que su rol es crucial para la legalidad del procedimiento. Además, advirtió que los fiscales no tienen carta blanca para actuar a su antojo y que existen jueces rigurosos que supervisan sus acciones. “Acá hay jueces que son rigurosos y los fiscales que van y les ‘muerden’ a los jueces”, expresó.

Pérez subrayó que la ley que regula el uso de bodycams por parte de la Policía nunca se reglamentó ni se le asignó presupuesto.

“Con relación a la grabación, tenemos que recordar que está esta ley que creo que nunca se reglamentó”, afirmó Pérez, añadiendo que aunque algunos agentes poseen bodycams, la falta de reglamentación y presupuesto impide su aplicación efectiva.