La fiscalía llevó a cabo un allanamiento este lunes en la sede de la Caja de Préstamos del Instituto de Previsión Social (IPS) tras la denuncia presentada por el propio IPS, que acusaba a ciertos funcionarios de cohecho pasivo agravado y producción de documentos no auténticos.

José González, asesor jurídico de la previsional, habló sobre los motivos detrás de esta acción y las implicaciones que podría tener para los funcionarios involucrados. La fiscalía solicitó autorización al presidente del IPS para ingresar y allanar la Caja.

"Una fotocopiadora que está a metros de la Caja, en ese lugar se estarían también vendiendo certificados médicos de contenido falso y entonces la fiscal ahora ingresó primero a esa fotocopiadora porque tiene una orden de allanamiento", informó González.

La investigación se originó a raíz de denuncias anónimas que apuntaban a la participación de funcionarios del IPS en la obtención irregular de créditos. Para solicitar un préstamo, los jubilados y pensionados deben presentar ciertos documentos, como copias de cédula, comprobantes de servicios básicos y someterse a una evaluación médica.

Los investigadores descubrieron que cuatro médicos, supuestamente vinculados a la Caja de Préstamos, estaban emitiendo certificados médicos falsos. Estos documentos, necesarios para obtener créditos, eran elaborados a mano, y la letra utilizada era idéntica en todos los casos.

"Se hizo la auditoría, se llamó a declarar a los médicos y dijeron 'esta no es mi firma, este no es mi paciente, este no es mi número de registro, yo no le conozco a estas personas'", relató González.

El IPS ordenó una auditoría interna para esclarecer los hechos, mencionó el asesor. Como resultado, se identificaron 240 casos en los que se habían aceptado créditos basados en certificados médicos fraudulentos.

Si estos préstamos se hubieran otorgado, la caja de préstamos habría tenido que desembolsar un total de 4 mil millones de guaraníes.

Hugo Díaz, director de inversiones del IPS, afirmó que la tasa de morosidad de la Caja es prácticamente nula, situándose en un 0.01%. Esto se debe a que los pagos se descuentan directamente de los haberes de los jubilados y pensionados.

Sin embargo, existen casos excepcionales, como cuando un jubilado fallece y no se identifica rápidamente. "Una vez que se identifica tenemos nosotros una caja de contingencia que funciona como un seguro de vida y que cubre el 100% el saldo de la deuda", explicó.