El abogado Jorge Rolón Luna realizó una presentación a la Defensoría del Pueblo para solicitar la suspensión de los cobros compulsivos relacionados con la denominada “mafia de los pagarés”. Explicó que esta red involucra prácticas ilegales que generan sufrimiento a cientos de miles de víctimas en el país y describió los nexos existentes entre actores privados y públicos en la ejecución de estas irregularidades.

Rolón Luna subrayó que la Defensoría del Pueblo, como institución de rango constitucional, tiene las herramientas necesarias para intervenir y coordinar medidas con diferentes órganos públicos. "Básicamente, lo que le decimos al Defensor del Pueblo es que tiene herramientas en lo que hace a su competencia... y hay otras cosas que se pueden hacer, y usted es quien las puede hacer", afirmó. Según el abogado, las investigaciones judiciales y fiscales confirmaron la existencia de esta mafia, pero enfatizó que imputar a 63 personas es insuficiente para resolver el problema estructural.

Estimó que las víctimas podrían ascender a cientos de miles en al menos una década y media, destacando los daños causados por la falsificación de notificaciones y la posterior indefensión de los demandados. Rolón Luna narró un caso revelador sobre un juzgado intervenido, donde se encontraron apenas 5.000 expedientes físicos de un total de 59.000 registrados. "Hoy sabemos dónde están esos expedientes, perdidos... están en estudios públicos, en empresas de cobranza, en casas de crédito", denunció.

En su presentación, el abogado propuso varias medidas, incluyendo la suspensión del plazo procesal en los juzgados y la intervención de todos aquellos donde no se haya notificado a las partes demandadas. "Así funciona esta mafia... fraguan notificaciones, eso deja en indefensión al demandado, y el juicio corre hasta los embargos y la ejecución del embargo", explicó. Asimismo, sugirió reformas legislativas, como exigir la comunicación y el consentimiento del deudor en todas las sesiones de crédito.

Enfatizó la necesidad de una solución integral que combata las prácticas irregulares en el sistema judicial y proteja a las personas vulnerables. "Esto es algo que produce sufrimiento... La mayoría de las víctimas son gente asalariada que vive al día", concluyó. Rolón Luna llamó a la Defensoría del Pueblo a actuar con celeridad para frenar estas injusticias y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados.