Ever Rivas y sus tres empleados particulares están imputados. Los caseros no cumplían funciones en la Cámara de Diputados, pero el parlamentario firmaba directamente las planillas de asistencia.

El fiscal anticorrupción Luis Piñánez, quien imputó al diputado colorado Éver Rivas por hacer figurar a tres empleados particulares suyos como funcionarios de la Cámara de Diputados, informó que el caso se encuentra estancado en la Corte Suprema de Justicia por las chicanas judiciales que se presentan.

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El fiscal refirió que presentó  la acusación porque encontró indicios suficientes de que estos caseros no cumplían funciones en la Cámara Baja.

“Formulamos imputación contra el diputado Éver Rivas y contra las tres personas que fungían de funcionarios de la Cámara Baja, pero realizaban trabajos particulares para el parlamentario”, dijo.

“A través del trabajo técnico del cruce de llamadas determinamos que es imposible de que estas personas presten funciones en la Cámara, en base al lugar donde ellos hacían llamados. Uno estaba en Lambaré y dos en la zona de Paraguarí”, explicó.

Detalló que Rivas firmaba directamente la planilla de asistencias de sus tres empleados: Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Franco González. Uno fungía la función de secretario privado y dos cumplían las funciones de chofer.

La pesquisa fiscal inició tras una investigación periodística del diario Última Hora.

Chaparro fue observado cumpliendo tareas de casero en la vivienda del parlamentario cartista, en la ciudad de Lambaré.

Romero cumplía funciones como casero de una propiedad de cerca de 1.000 hectáreas, perteneciente a la familia de Rivas, en el distrito de Mbuyapey.

Franco trabaja en la empresa privada de Rivas en Ybycuí.

“Lo concreto es que cobraban una remuneración del Estado, pero no hay constancia de las funciones que hacían en la Cámara”, sostuvo Piñánez.

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Después de la imputación, como establece la Constitución Nacional, el juez competente solicitó el desafuero de Éver Rivas en la Cámara de Diputados.

A partir de aquí el caso quedó estancado, pues con la resolución del desafuero, la misma fue apelada a través de un recurso de reposición, atacando la imputación del fiscal Piñánez.

“En la Cámara de Apelaciones presentaron una especie de recusación, pero esa apelación no tiene asidero”, declaró el fiscal, al tiempo de señalar que el proceso a los caseros sigue y que la situación del parlamentario se halla suspendida por ser una circunstancia objetivamente insuperable.

“No hay riesgo de prescripción hasta tanto la Cámara de Diputados tome la decisión de levantarle los fueros”, mencionó.

La situación de Éver Rivas tiene semejanzas al caso de José María Ibáñez, por uso indebido de influencias para sacar beneficio propio, a costa de los recursos públicos.

Ibáñez confesó haber utilizado dinero público para pagar a sus caseros y donó un generador a un leprocomio para obtener una salida procesal.