La abogada Alejandra Peralta, especialista en Derechos Humanos, cuestionó duramente el nuevo plan de la Policía Nacional que, en respuesta a la creciente ola de asaltos en el transporte público, implementó una medida de control de documentos y revisión de mochilas a los pasajeros. Peralta afirmó que esta medida podría violar derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional.

“No puede simplemente irrumpir la Policía Nacional, revisar bolsos, molestarle a las personas que están libre de transitando, haciendo uso de su derecho de la libre circulación”, declaró la abogada, y subrayó que esta acción podría contravenir el artículo 33 de la Constitución Nacional, que establece que “la conducta de las personas, en tanto no afecte el orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, estará exenta de autoridad pública”.

Peralta explicó que cualquier intervención de la Policía en la intimidad de las personas debe estar justificada por una investigación en curso y debe ser comunicada al Ministerio Público con al menos seis horas de anticipación. “Ese avasallamiento a la intimidad por parte de la Policía, sin que exista un algo, sin que exista una investigación en curso abierta, un por qué, un para qué, y que no se haya comunicado al Ministerio Público previamente, está en falta”, afirmó, citando el artículo 181 del Código Procesal Penal.

La especialista en Derechos Humanos sugirió que la Policía Nacional podría adoptar otras estrategias de prevención sin afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos. “Ahí es donde hablamos del rol de prevención de la Policía, y que puede darse, sin afectar este derecho fundamental, puede darse de muchas maneras”, indicó Peralta. Mencionó la criminología ambiental como una rama que ofrece técnicas para disuadir el delito, como la colocación de mayor iluminación en las plazas y una mayor presencia disuasiva de la policía.

Peralta también destacó que en otros países se ha comprobado la efectividad de la presencia policial para disuadir la conducta delictiva, sin necesidad de intervenir en la intimidad de las personas. “Esto también se comprobó en otros países, que con la circulación de los linces, que en principio se creó como para, de alguna manera, evitar robos de bancos, sirvió para disuadir la conducta delictiva”, explicó.

En conclusión, Alejandra Peralta advirtió que las nuevas medidas de la Policía Nacional podrían estar violando derechos constitucionales y llamó a buscar alternativas que no afecten la intimidad de los ciudadanos. “Eso no significa que tengan la potestad de intervenir sobre la intimidad de las personas cuando no existe algo, que esté en un curso investigativo o que no se haya dado participación al Ministerio Público”, argumentó.