El superintendente de Salud, Roberto Melgarejo, habló sobre el amplio operativo de control de clínicas médicas llevado a cabo por la Superintendencia de Salud. El operativo "Ñemboty" continuará la próxima semana, con el objetivo de asegurar que todas las instalaciones cumplan con las normativas vigentes y ofrezcan servicios seguros y de calidad a la población.

Melgarejo detalló los resultados de las inspecciones y las razones detrás de las clausuras y suspensiones de más de 75 clínicas en el país. “Inspeccionamos algo así cercano a los 90 y tenemos entre clausurados y suspendidos más de 75, pero esto continúa”, declaró.

El operativo, que involucró a 60 de los 72 funcionarios de la Superintendencia, se centró en verificar la documentación y las condiciones de funcionamiento de las clínicas.

Melgarejo explicó que las inspecciones se realizaron en dos etapas. Primero, se verificó si las clínicas tenían la licitación otorgada por el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Nacional de Control de Establecimientos y Afines. “Esa es una licitación inherente al edificio, al equipamiento en sí, y también ahí se constata a qué se dedica esa entidad”, señaló.

En segundo lugar, se comprobó si las clínicas estaban registradas en la Superintendencia. “Si no tenían estos dos documentos fundamentales para poder operar en el mercado, se clausuraba totalmente la institución o la entidad, hasta tanto regularice la situación”, aclaró.

El superintendente destacó que muchas de las clínicas clausuradas no contaban con la habilitación necesaria o tenían la habilitación vencida y no estaban registradas en la Superintendencia. “La clausura es para operar, para poder salir al mercado a la atención al público. Y podrían ellos trabajar administrativamente”, indicó. Esta medida permite que las clínicas regularicen su situación administrativa sin interrumpir completamente sus operaciones internas.

“Muchísimas de esas empresas suspendidas entre ayer y hoy están viniendo a ponerse al día”, afirmó. El proceso de regularización no solo implica el pago del canon, sino también la presentación de una serie de documentos que son esenciales para el funcionamiento legal de las clínicas.

En cuanto a las razones específicas de las clausuras, Melgarejo señaló que algunas clínicas no estaban en condiciones de ofrecer los servicios que anunciaban. “La gran mayoría tenían buena infraestructura, a mí me llamó mucho la atención en otros dos lugares emblemáticos, pero sobre todo con una condición de infraestructura importante, de primer mundo, con equipamientos muy buenos, alta tecnología, y no tenían adquisición, por ejemplo”, comentó.

Algunas clínicas operaban sin la habilitación correspondiente, mientras que otras ofrecían servicios para los cuales no estaban autorizadas.

El superintendente expresó su sorpresa ante la falta de cumplimiento de las normativas por parte de clínicas con inversiones multimillonarias. “A lo mejor los propietarios o las personas encargadas dejan en manos de gestores o administradores que desconocen, o simplemente prefieren estar al borde de las leyes”, reflexionó.

También se encontraron casos de clínicas habilitadas para un tipo de servicio, como centros odontológicos, que estaban ofreciendo otros servicios no autorizados.