Los clientes afectados, en su mayoría pequeños productores campesinos, denunciaron estafas desde el 2015.

Ocho funcionarios del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) acusados de falsificar firmas para obtener créditos, habrían causado un daño patrimonial por más de G. 3.000 millones. De las 88 causas abiertas en el marco de las supuestas estafas solo una avanzó hasta juicio oral. Los clientes afectados, en su mayoría pequeños productores campesinos, realizaron denuncias hace tres años y los responsables siguen libres.

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Alrededor de 500 créditos fraudulentos fueron creados por estos funcionarios desleales, de los cuales, apenas 119 fueron peritados por la Fiscalía.

103 contenían firmas falsas, 4 resultaron ser auténticas y 12 están sin determinar. Todos los funcionarios sospechados quedaron desvinculados.

Amanda León, presidenta del CAH, confirmó que en el año 2015 la institución detectó irregularidades en varios centros de atención en el departamento de Caaguazú.

“Esperamos que las instituciones responsables hagan lo propio, porque no podemos ser querellantes adhesivos según el artículo 69 del Código Procesal Penal. Necesitamos que se castigue a los culpables para poder accionar en lo civil”, refirió.

La fiscala Lourdes Soto lleva la causa en la que están afectados unos 320 clientes. Es la única causa que al día de hoy avanzó hasta juicio oral.

“Tengo probado el hecho con las pericias de laboratorio forense”, dijo la agente fiscal.

El 13 de agosto está previsto el juicio contra Juan Carlos Alderete y Luis Javier Medina Amorín, dos de los funcionarios acusados. Con anterioridad ambos lograron suspender este proceso en tres ocasiones.

Los otros funcionarios que forman parte de otros procesos penales son Bernardino Servián González, Mario Cristian Bate Martínez, Sheila Marisa Leónida Torales Varela, Salomón Olmedo Estigarribia, Oscar Daniel Jara Vázquez y Félix Sebastián Aquino Barrios.

El fiscal Fermín Segovia es otro fiscal que lleva la causa.