Lilian Soto, exministra de la Función Pública, declaró que la posibilidad de tener una reglamentación única para todos los que ingresen a la función pública y la creación de una carrera con salarios acordes y concursos para el ingreso nunca se concretó.

Soto afirmó que “nunca, jamás en la Administración Pública, se aplicaron los mecanismos de concurso público de oposición durante todo el tiempo en el que el Partido Colorado estuvo llevando adelante todo lo que hace a la Administración Pública”.

Explicó que la ley establecida en el año 2000 fue atacada de inconstitucional por varios organismos, lo que llevó a que se autoexcluyeran de la posibilidad de ser sujetos de esa ley. A pesar de esto, la ley tenía la posibilidad de que la Secretaría de la Función Pública, dependiente exclusivamente de la Presidencia de la República en ese entonces, pudiera dar directivas y llevar adelante un proceso.

“A partir de ahí es que se empezaron a construir los instrumentos desde el 2008”, indicó Soto, refiriéndose a los instrumentos necesarios en términos de remuneraciones y planificación de las instituciones.

La exministra señaló que el proceso se realizaba gradualmente, incluyendo negociaciones con diversas entidades públicas. Sin embargo, consideró que el golpe parlamentario de 2012, que destituyó a Fernando Lugo de la Presidencia de la República, marcó un punto de inflexión.

Según Soto, “lo que sucedió es utilizar como excusa la existencia de una ley que tenía esos ataques de inconstitucionalidad para no implementar nada”. Esta falta de implementación minimizó el rol de la Secretaría de la Función Pública, que hoy depende del Ministerio de Economía y Finanzas.

Soto criticó esta dependencia, argumentando que “cuando hay una dependencia así ya están rotas las posibilidades, en mi opinión, de llevar adelante un proceso de profesionalización”. Añadió que la falta de una rectoría con directivas claras y la dependencia de un ministerio con otras funciones impiden un proceso efectivo de profesionalización en la Función Pública.

Soto atribuyó estos problemas a la cultura política y a la intención de los sectores en el poder de seguir utilizando la Función Pública como un espacio prebendario y clientelario.

“Creo que aquí tenemos claridad con respecto a la cultura política que se ha construido y a toda la intención de los sectores que se encuentran en los ámbitos de poder de seguir utilizando la Función Pública como un espacio prebendario y clientelario”, argumentó.

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